VIOLENCIA

“Mientras cada uno no asuma que toda violencia, sea o no terrorista, es injustificable, no avanzaremos” 

“Democráticamente hablando, no permitir a un pueblo que se exprese me parece una barbaridad

Javier Elzo en Noticias de Gipuzkoa (2014/10/18)

Las frases citadas forman parte de una entrevista realizada desde el grupo Noticias al sociólogo Javier Elzo. Son, además, los titulares con los que el diario resaltaba la información. No sé hasta que punto el común de los mortales tenemos asumido el hecho de que la “violencia” es algo implícito en la estructura de cualquier sociedad, pero parece que no. Da la sensación de que hay “violencias” que pasan por delante de nuestros ojos, incluso que las sufrimos, y son transparentes. Parece que no existen.

Este es el caso evidente de la segunda afirmación de Elzo: “es una barbaridad no permitir a un pueblo que se exprese”. Está claro que es una barbaridad, pero, sobre todo, es un acto de violencia contra ese pueblo. En mi opinión un acto muy grave, por lo menos si, como afirma, se trata dentro de un contexto aceptado comúnmente como democrático.

Este acto es violento de la forma más sutil y efectiva que se puede ejercer violencia; no se ejerce en acto sino como amenaza. Todos los poderes del Estado que “no permite a un pueblo expresarse” están permanentemente vigilando –recordemos el panóptico, citado tanto por Bentham como por Foucault-, amenazantes, al pueblo díscolo que “quiere expresarse”.

Y esa violencia no se reconoce como tal. Y su existencia lleva a la primera reflexión de Javier Elzo. “toda violencia es injustificable”. Con lo cual estamos ante un aparente callejón sin salida. Y efectivamente, da la sensación de que por esa vía no podemos “avanzar”.

Lo que sucede es que tal afirmación, “toda violencia es injustificable”, no es cierta. Cuando la ejerce quien detenta el “monopolio de la violencia legítima”, es decir el Estado, parece que no existe, que es transparente. ¿No son violencia todas sus instituciones? No sólo las cárceles, sino toda la legislación que impone, la penal por supuesto, pero todas las demás también, incluso el Código de Circulación lo es.

Esto es así desde siempre, desde antes de convertirnos en humanos. El hecho de ser seres sociales implica la adaptación de unos a otros y eso conlleva un grado de violencia; no todos quieren lo mismo y muchos aspiran a lo que otros también desean, a nivel individual, pero sobre todo de la colectividad. Más todavía cuando las jerarquías sociales exigen una parte no equitativa del excedente producido por su grupo. La coerción supone, en estos casos, un grado más explícito de violencia.

La única solución consiste en que esa sociedad se estructure de un modo tal que en el mismo la violencia necesaria se ejerza de manera legítima, lo que significa que su organización llegue a un nivel de consenso general, sea capaz de equilibrar los intereses contrapuestos y ponga los medios de arbitrar ante las disputas y de recuperar, en lo posible, los intereses minoritarios y reprimir a quienes lo rompan. Es decir que su legalidad sea un reflejo de su legitimidad.

En el presente, en la situación en la que una sociedad (auto)centrada, (auto)reconocida como nación, cuestiona el monopolio de violencia “legítima” que un Estado pretende ejercer en exclusiva, en detrimento de las naciones que incorpora, territorial y demográficamente, en contra de su voluntad, la violencia del Estado puede resultar insoportable e injusta. Con lo cual la rebelión de la nación subordinada se convierte en legítima.

Los medios con los que pretenda ejercer su(s) poder(es) para constituirse en un igual de quienes la mantienen aherrojada serán discutibles en función de la relación de fuerzas y de la capacidad de hacer aceptar sus posiciones ante la comunidad internacional, pero nunca ilegítimos. En ese momento tanto los estados constituidos como las naciones que aspiran a convertirse en sus iguales han abandonado el campo de la ética y se encuentran en ese “bellum omnium contra omnes” que afirmaba Hobbes era la política internacional.