29 marzo 2019

LA CONFUSA MEMORIA DEL PRESENTE


La guerra de España en América fue plenamente moderna, precisamente gracias a su decidida voluntad de gestionar la memoria a través de la confusión 
(Jorge Luis Marzo)

Hace pocos días se ha conmemorado el 500 aniversario de la Batalla de Centla, en la que los mayas chontales fueron derrotados por tropas muy inferiores en número al mando de Hernán Cortés, gracias a su dominio de las armas de fuego y el uso de la caballería, que los indígenas desconocían. La masacre fue brutal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recordado los hechos afirmando que la conquista "se hizo con la espada y la cruz"; de paso recriminó que hubo "matanzas", "imposiciones" y "se construyeron iglesias encima de los templos" prehispánicos. Con este motivo, afirmó que próximamente se dará a conocer "la postura del Gobierno de México" en cuanto al "rescate de nuestra memoria histórica".

La reacción de la prensa y la casta política española ha sido lamentable. Hemos asistido a una descalificación del presidente mexicano a base de insultos e improperios. La querencia imperial del nacionalismo hispano se ha manifestado sin tapujos; de derecha a izquierda, de arriba abajo, por el centro y los resquicios, las declaraciones han sido elocuentes: de Vargas Llosa a Pérez Reverte o Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Abascal, Borrell, Casado y Rivera se han unido en santa cruzada para despreciar y recriminar al presidente mexicano.

La polémica abierta tiene su interés por varios motivos, de los que algunos nos conciernen. De entrada porque pone de evidencia la naturaleza imperial del Estado en que nos vemos, que se ha construido sobre la brutalidad y la violencia ilegítima empleada sobre las gentes, en contra de cualquier derecho o razón civilizatoria. De paso, también sirve para que comprobemos que el nacionalismo español, en el poder y con los recursos de este Estado en sus manos, está contaminado por una ideología supremacista, agresiva, con un fundamento argumental y de valores que se asienta en siglos muy pasados, en épocas y pensamientos medievales.

Pero como apunta el historiador Jorge Luis Marzo, la gestión de estos debates es plenamente moderna porque se mantiene una voluntad de encarar los hechos del pasado a través de la confusión del relato y la memoria. Y eso nos atañe.

Si hoy, en nuestro propio país, planteamos el debate en los términos de López Obrador, nos encontramos con que desde la derecha o la izquierda, desde el ordenamiento legal o los movimientos políticos y sociales, en Euskal Herria como en España, no se admite más memoria que la del 36. Se sostiene, legal y argumentalmente, que la memoria histórica no va más allá de la sublevación militar en 1936 y la represión posterior hasta la muerte del dictador Franco. Si aludimos a la conquista de Navarra, se nos responde que somos historicistas y estamos fuera del debate. No hace mucho un responsable institucional nos reprochaba: “eso no es memoria; es ideología”.

Como el presidente mexicano, los Estados latinoamericanos tienen muy claro el legado de calamidades que les dejó el imperio español con su historia de genocidio, latrocinio, saqueo, desestructuración social y política y demás secuelas. Y denuncian que no se entiende su realidad actual sin esa premisa memorial.

Sin embargo en esta tierra no admitimos la cadena de agresiones, expolios, brutalidades y despropósitos que marca la historia y nos conduce hasta el presente, la que explica los sucesos del 36 y el siglo XX, pero más allá la Gamazada, las guerras carlistas, las rebeliones y matxinadas, el desmantelamiento del Estado navarro independiente (aunque todo ello sea posterior a los hechos que cita López Obrador). Admitimos la memoria de Latinoamérica, pero no la que nos incumbe.

La confusión que menciona J.L. Marzo llega hasta hoy, gobierna nuestras conciencias y lo hará hasta que no tengamos un Estado, un presidente, vasco, navarro, pero independiente, que alce la voz y reclame la memoria y la condena de las conquistas y desmanes de los gobernantes españoles.

Luis María Martinez Garate / Angel Rekalde

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06 marzo 2019

DEBILIDAD DE ESTADO

Afirma el sociólogo Salvador Cardús que con el juicio al independentismo catalán el Tribunal Supremo está cavando la tumba del Estado español. Su propia tumba. Y no tanto por el exceso de represión que vaya a demostrar; sino precisamente por lo contrario; por la extrema debilidad que muestra al esconderse bajo las togas de los magistrados a causa de la ineptitud del resto de instituciones.

No es una reflexión baladí. La paradoja, y a veces el disparate, se amontonan en la crónica de este proceso independentista que hace tambalear las estructuras del Estado hispano. En torno a esta causa se está escribiendo mucho, tanto por la dimensión histórica del proceso independentista que se pretende enterrar, como por la torpeza que el poder ha demostrado a lo largo del mismo, entre cepillados, piolines, demandas de extradición, baile de togas y discursos rancios.

Por citar un ejemplo, el periodista Juan López Alegre escribe en Economía Digital (‘Juicio a España’) que “El juicio es la traca final de un proceso de reescritura de la historia que el independentismo puso en marcha en noviembre de 2017”. Más adelante, el mismo autor añade: “El juicio no está analizando si hubo rebelión o sedición. La sentencia, el separatismo ya la tiene dictada: nadie tiene derecho a juzgarles porque su derecho a la autodeterminación emana del más allá como de allí venía el poder del Rey Sol en la Francia prerrevolucionaria”.

Este comentario, representativo de un sentir colectivo que se manifiesta de uno u otro modo, nos ofrece dos claves centrales que están en juego. Por un lado, para los españoles, más grave que la secuencia de los hechos en sí es el derrumbe del relato hispano. La ‘reescritura de la historia’. Lo que está en juicio es la relación Cataluña-España. Se hace evidente, ante la escena internacional pero también ante los propios sujetos peninsulares, tan resignados a formas corruptas de dominación y gobierno, que ya no se sostiene la unidad de destino en lo universal, que ni catalanes ni vascos se ven en este engendro, y que tal ‘destino’ nunca fue otra cosa que el invado, ordeno y mando del duque o mariscal de turno. En esta quiebra del relato nacional se hunde el imperio, la monarquía, la democracia, la Transición y todo lo que quedara atado y bien atado.

Relato, por cierto, que no es de hoy. Como decía Quevedo, El catalán es la criatura más triste y miserable que diós crió i que son los catalanes el ladrón de tres manos. Quevedo murió en 1640, año en que comenzó la Guerra de Els Segadors; el desencuentro viene de lejos.

Más aun, en el segundo apunte tenemos la madre del cordero. Es decir, que el Derecho de Autodeterminación que aquí se juzga es para la cultura política española un invento del demonio. Satanás. El vade retro. Y que nos salve la Santa Inquisición. Un enunciado premoderno que viene de la esfera de autoridad de una realeza que acabó con el cuello rebanado. ¡Hay que ser cazurro! Que el derecho más básico de la legislación internacional y que está en la solución de tantos conflictos coloniales se vea como un concepto caprichoso, absolutista, monárquico, nos da la medida de la altura de la democracia española que defienden jueces, periodistas y gobiernos.

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 1, párrafo 1 se reconoce: Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural (1966, ONU).

Se puede, pues, afirmar, que el Derecho a la Libre Determinación es el primero, es el soporte de los derechos humanos, ya que garantiza la existencia de los mismos. En efecto, quien otorga la ciudadanía es el Estado –quien no pertenece a un Estado no tiene derechos-, y por ello el derecho a un Estado propio es el fundamento del resto.

En resumen, en este juicio farsa contra el Derecho de Autodeterminación, en realidad a quien se está juzgando es al pueblo de Cataluña, al conjunto de los ciudadanos que han osado enfrentarse de modo pacífico a un Estado supremacista y xenófobo. Todas estas circunstancias concurren para que podamos considerar que en este juicio el auténtico delincuente es el Estado español, en permanente acto de prevaricación.     

Con estas líneas queremos manifestar, desde otro pueblo sometido al mismo Estado durante siglos, nuestro apoyo y solidaridad a la sociedad catalana y sus presos políticos, y desearles el triunfo político –el ejercicio del Derecho de Autodeterminación y la independencia- en el plazo más breve posible.

Luis María Martinez Garate / Angel Rekalde

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