La guerra de ocupación militar del territorio y población que en 1512 permanecía como reino independiente de Navarra ha provocado, casi de inmediato tras su acontecimiento, una polémica interminable entre las interpretaciones enfrentadas. Incluso, desde algunos puntos de vista integrados en el más rancio nacionalismo español, se ha negado que la ocupación del reino de Navarra fuera una conquista. Un ejemplo histórico de esta posición extrema es la de Víctor Pradera (1922) en el primer tercio del siglo XX.
En esta línea se encuentran quienes, además de Pradera, defienden el destino casi-eterno de Navarra como parte de España, desde la Iberia antigua o la Hispania romana, pasando por el reino visigodo de Toledo y su posterior quehacer conjunto con el resto de reinos peninsulares en la Reconquista frente al moro. Esta línea de pensamiento llega a afirmar que en el conflicto de 1512 quienes defendían los auténticos intereses de Navarra eran los que apoyaban a Castilla. Esto, dicen, por dos razones: la primera por lo ya expuesto del eterno destino español de Navarra; y la segunda, porque de no ser así, habría caído en manos de Francia; es decir, afirman que quienes luchaban contra Castilla lo hacían a favor de Francia. Según ellos, en aquel momento crítico no había navarros; sólo españoles, buenos, y franceses, malos.
Sin incurrir en un extremo tan poco respetuoso con la realidad histórica de Navarra, siempre ha habido una versión que culpabilizaba a los propios navarros de la conquista. Sus conflictos internos, guerras civiles, habían conducido al reino a una situación de ingobernabilidad no sostenible. O se integraba en España o era recuperado por Francia. Según esta interpretación, Navarra era un Estado sin sentido; tal vez no era tan siquiera un Estado.
No obstante, ya desde el fragor del mismo conflicto militar de 1512, el capitán castellano Luis Correa (1513) interpretaba los hechos de los que fue protagonista como una conquista militar pura y dura. Para suavizar este relato y darle un matiz amigable, tras la “incorporación” del reino a la Corona castellana en las cortes de Burgos de 1515, algunos hablaron de unión equae principal”, entre iguales. En aquellas cortes no estuvo presente ningún navarro. Además, según Idoia Estornés en la Enciclopedia Auñamendi, al principal heredero ideológico de Víctor Pradera, Jaime Ignacio del Burgo (2000):
Puede considerársele el padre de la muy dudosa fórmula jurídica union aeque principal invocada por los historiadores apologéticos navarros para caracterizar la incorporación del reino de Navarra a la corona de Castilla (1515), sintagma que no figura en el documento de incorporación ni en los posteriores, hasta 1645 en que aparece la fórmula unión principal, que es completada en la segunda mitad del s. XIX con el adverbio latino aeque.
La ocupación y sometimiento del reino a Castilla produjo una organización política peculiar, en la que, a pesar de la subordinación de las instituciones propias, la cultura política generada por siglos de independencia, desarrolló otras nuevas, como la Diputación del reino o el Consejo Foral, de una relativa eficacia para afrontar la nueva situación. La realidad en la que sobrevivió la parte del reino del sur del Pirineo sometida a Castilla, la Alta Navarra, fue de un constante y solapado enfrentamiento. Basta con consultar los Cuadernos de Agravios de las Cortes, reunidas con inusual frecuencia durante los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo frente a las de los otros reinos “integrados” en la monarquía hispana, como las de Castilla o las, más importantes, de la Corona de Aragón: Aragón, Cataluña y Valencia.
En esta época surge la justificación de los diversos sistemas políticos de Vasconia como ‘pacto’. Las cortes del reino, frente a los relatos que estaban surgiendo en España sobre la realidad histórica y política de Navarra, encargaron al jesuita Moret la redacción de su historia. De ahí surgieron los famosos “Anales del reino de Navarra”, completados por el también jesuita Alesón. En efecto, las historias de Mariana con relación a Castilla, y Zurita con Aragón, en las que la realidad de Navarra era expuesta dentro de un marco de intereses ajenos, forzaron a que las Cortes de Navarra intentaran elaborar la propia y desde su particular centralidad. En la obra de Moret aparece con claridad la historia nacional de Navarra y de su conquista, aunque para “salvar los muebles” acepta la teoría del pacto como modelo por el cual Navarra se “incorporó” a Castilla, manteniendo sus instituciones.
En el siglo XVI y coincidente con el afianzamiento del sistema foral vascongado, Garibay expuso una teoría basada en el pacto de las Provincias con Castilla y de modo semejante justificó el estatus de la Alta Navarra tras la conquista y su relación pactada con Castilla. Muy distinta es la versión del zuberotarra y síndico de Donepaleu, Oihenart, que habla de “injusta usurpación y retención de Navarra por los españoles”. Es de reseñar el veto que encontró Oihenart, por parte de las autoridades de ocupación españolas, al presentarse en Pamplona con el fin de estudiar los archivos correspondientes a esta etapa
Como se ve, desde el siglo XVII ya se presentan, cuando menos, tres interpretaciones de la conquista de Navarra. La primera, directamente asimilacionista, es representada por los historiadores al servicio del poder de la monarquía española. La segunda, la pactista, está representada por quienes servían al mantenimiento del statu quo del reino dentro de la misma, pero desde unos intereses que se podrían llamar como de compromiso. La tercera, elaborada en esa época desde los territorios de una Navarra independiente y libre, es la que considera injusta la conquista y ocupación de la parte sur del reino.
Esta polémica despertó de nuevo a finales del siglo XIX y en el primer tercio del XX, con motivo de la reivindicación de la “reintegración foral plena”, es decir la vuelta a la situación anterior al final de la primera Guerra Carlista en la que, al menos sobre el papel, se mantenía el sistema foral vasco, tanto el del reino como los de las provincias. Esta pérdida fue un proceso iniciado, tras el Convenio de Bergara, en la “Ley de Confirmación de Fueros” de 25 de octubre de1839, con la expresión “se confirman los fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía”. Culminó con las leyes abolicionistas de de 1841 para Navarra y de 1876 para Vascongadas. Esta exigencia de reintegración foral coincide con el auge de los movimientos nacionales en Europa, del que no son ajenas las posiciones bizkaitarras de Arana Goiri. Con la citada ley de 1841, Navarra perdió su estatus formal de reino para pasar a ser una provincia española, por mucho que se dijera “foral”.
En esta época surgieron en la Alta Navarra dos bandos: los “cuarentaiunistas” y los “anticuarentaiunistas”. Los primeros defendían que la ley de 1841 fue positiva para Navarra, mientras que los segundos planteaban su negatividad. Esto cristalizó en las dos visiones de la historia que ya venían de antiguo. Incluso dentro de la primera tendencia, los partidarios de la ley de 1841 presentaban dos aspectos: el pactista vergonzante que aun aceptando el hecho de la conquista como factor negativo, valoraban positivamente el nuevo “pacto” que supuso dicha ley, y los que como el ya citado Víctor Pradera pensaban que los navarros que lucharon por su independencia eran, en realidad, enemigos de Navarra. Los contrarios, anticuarentaiunistas, opinaban como Oihenart que la conquista había sido injusta y contraproducente en todos los aspectos de la vida social y política, y los efectos de la ley de 1841, negativos. Entre estos se encontraba Arturo Campión.
El debate, que se ha mantenido hasta nuestros días, sigue vivo. Gracias a la enorme y sólida documentación puesta en valor por historiadores solventes y serios sobre la realidad y violencia de la conquista, no quedan en Navarra, en la práctica, historiadores que defiendan la extrema teoría de Víctor Pradera, aunque hay sí políticos, como el antes citado J. I. del Burgo. Las posiciones más comunes se dividen entre los que siguen manteniendo la aceptación positiva de la ley de 1841, anulada y, según ellos mejorada, por la ley de “Amejoramiento Foral” de 1982 y los que continúan en la defensa de la soberanía original de Navarra injusta y violentamente arrebatada en la conquista y ocupación de las guerras de 1512-30.
Una vez más es el presente, las opciones políticas actuales, el que condiciona la investigación histórica y la exposición de los hechos. Ante la abrumadora cantidad de documentación y testimonios presentados por quienes sustentan que fue una conquista y ocupación en toda la regla, los que defienden el actual estatus de Navarra van retrocediendo posiciones. Hace pocos años todavía era difícil que un historiador de la Universidad del Opus Dei hablara de “conquista”. Recientemente lo ha hecho el anterior presidente de la Comunidad Foral, Miguel Sanz (2011).
Texto publicado en HARIA 29. Noviembre 2011
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