UNA REFLEXIÓN POLÍTICA

La actual estructura básica del Estado español es prolongación directa del sistema creado a partir de la sublevación y guerra consiguiente de 1936, en la que triunfó un modelo fascista. El vodevil que se desarrolló tras la muerte en cama del general y dictador Franco fue bautizado por sus protagonistas como transición democrática, cuando en realidad no depuró ninguna de las responsabilidades de su régimen y todos los poderes sociales y del Estado siguieron en las mismas manos. A la hora de definir la forma de su “nuevo” Estado optaron, en buena lógica, por seguir el modelo unitario del franquismo. En ningún momento se planteó como elemento democrático básico el reconocimiento, previo a cualquier nueva organización, de la existencia de las realidades nacionales vasca y catalana aceptadas, sobre todo de hecho, desde los tiempos de la 2ª república española y la guerra. Este axioma originario implica la inexistencia política práctica de Navarra o Cataluña. En su sistema no existen tales entidades políticas, si no es como “partes” de ese todo que es España. No existe ni el “pueblo vasco” ni el “pueblo catalán”, sólo el “español”, que es el que funda la legitimidad del entramado jurídico y legal de su Estado. En realidad fue una transición intratotalitaria en la que la sedicente oposición democrática lo único que hizo fue aceptar sus premisas y entrar en el juego. La constitución de 1978 refrendó, legal y jurídicamente, una estructura de poder y unas relaciones de fuerza previamente existentes, definidas y consensuadas entre el fascismo y la “oposición”.

Al principio, el “nuevo” régimen tuvo preocupación por los núcleos democráticos resistentes, sobre todo en Navarra y Cataluña. El PC y compañeros fueron rápidamente fagocitados. La sumisión inicial de las fuerzas catalanas resultó bastante sorprendente, pero así fue y hoy es el día en que están apareciendo estudios sobre aquella etapa y las cesiones que hizo Cataluña, como por ejemplo el reciente de Patricia Gabancho (2011). Los poderes del Estado español temían más la virtualidad vasca. Su previsible capacidad de movilización y oposición fue dilapidada en sucesivas convocatorias a votaciones y en la complementaria actuación de los “institucionalistas armados y no armados” (Iparla, 2011) En cuanto la “oposición vasca” aceptó la participación electoral en las votaciones convocadas y se descubrieron sus resultados, el régimen perdió el miedo. En las primeras elecciones tras la muerte del dictador, en 1977, hubo una abstención importante, aunque no multitudinaria. Menos aún, boicot. La trayectoria seguida desde entonces transcurre en una deriva cada vez más degradada. La subordinación total de cualquier poder, medio u organización a un ejecutivo apoyado indistintamente en sus fuerzas militares, policiales, judiciales y de intoxicación, expresa la realidad de su “división de poderes”. Es el reino de la arbitrariedad y de la corrupción. El Estado español impone su modelo castellanizante y homogéneo. Es, en resumen, un paradigma de Estado totalitario.

Todas sus actuaciones sobre Euskal Herria en los últimos tiempos (cierres de periódicos, ilegalizaciones de partidos y grupos etc.) remachan el mismo clavo pero no ofrecen novedad alguna respecto a situaciones pasadas. La naturaleza del régimen no se alteró por la anterior ilegalización de Batasuna, tampoco ha cambiado por la no aceptación de Sortu y la actual legalización de Bildu. Se equivocan de fórmula quienes hablan de “volver a la normalidad democrática”. No se puede hablar de normalidad, y menos de democracia, en un sistema originado en una rebelión militar, una guerra y posguerra genocidas, una dictadura militar fascista de treinta y cinco años y una transición que incluye las premisas de todas ellas. No se puede definir como democrática la situación de un régimen totalitario en función de que permitan participar a determinados sectores o no. Su naturaleza antidemocrática es previa a estas decisiones. Por eso con Bildu e incluso Sortu legalizados (cosa que sinceramente deseo a estos últimos, si ellos lo quieren así), confiar en convencer razonadamente al régimen de lo justo de las demandas vascas, es una tarea condenada de antemano al fracaso. Esperar ganarles en lo que denominan “confrontaciones democráticas”, votaciones a las que llaman elecciones, supone jugar en un terreno contrario, con árbitro casero y compitiendo uno contra diez.

La única forma de hacer frente a esta difícil situación es constituirse en agente político de verdad, con capacidad de llevar a cabo un enfrentamiento estratégico con el Estado español sobre todo, ya que es el que controla la mayor parte de nuestra población y territorio. La capacidad y fuerza social del pueblo vasco ha sido probada repetidamente en la última etapa histórica, pero lo que nunca ha logrado alcanzar es una cualificación política. No es una cuestión de “unidad de las fuerzas vascas”, sobre todo cuando se refiere a los aparatos burocráticos en que se han convertido los partidos políticos. Es una cuestión de unidad estratégica que ponga en valor la capacidad de la sociedad navarra del siglo XXI para constituirse como sujeto político. Cualquier “unidad” que se realice formalmente pero sin contenido estratégico no sirve para nuestra emancipación. Puede generar una ilusión temporal, pero vacía de contenido y de duración breve. La ilusión es necesaria, pero no debe ser consecuencia de espejismos o alucinaciones, sino de la puesta en marcha de un movimiento social efectivo que haga frente positivamente a las continuas imposiciones del Estado español.

Esto exige dejar de lado partidismos y sometimientos, muchas veces inconscientes de tan habituales, y liberar nuestras propias perspectivas individuales y sociales. Exige un debate profundo y democrático entre las personas y agentes que estén realmente por la labor de alcanzar la emancipación de nuestra nación. Obliga a reconocer el logro de un Estado propio como principal objetivo democrático y aceptar que cualquier otra situación, aunque mejore la actual, sólo podrá ser tolerada y aceptada transitoriamente, pero nunca como meta final propia. Debemos elaborar nuestra particular “hoja de ruta” hacia la independencia, en la que la coordinación de esfuerzos y el aprovechamiento de todos los recursos que ofrece nuestra capacidad son factores imprescindibles para afrontar con posibilidades reales de éxito una confrontación social ineludible. Este camino debe ser recorrido con base exclusiva en nuestra fuerza, aunque podemos y debemos tratar de lograr complicidades y apoyos tácticos con otras naciones sometidas a los mismos estados, como es el caso de los Países Catalanes. De igual modo puede suceder con otros pueblos europeos en situaciones similares, como Escocia o Flandes por ejemplo.

La situación política de Navarra es de extrema gravedad y en inminente peligro de desaparición del conjunto de las naciones europeas. Nuestros enemigos son fuertes, confiados en sí mismos y legitimados internacionalmente. Tenemos urgencia en utilizar nuestro demostrado potencial, con inteligencia y democracia. Bien sé que es fácil decir todo lo anterior sin plantear alternativas concretas, sin indicar, o atisbar por lo menos, cuál puede ser el camino a seguir. Ésta es una reflexión que debemos hacer los vascos conjunta y democráticamente. Como ya he indicado antes, el objetivo es la consecución de un Estado propio. Es también evidente que dentro del juego de partidos y votaciones impuesto por el Estado español, nuestras posibilidades son, por el momento, nulas. Es asimismo obvio el potencial político de nuestra sociedad civil. La creación de las ikastolas al margen del sistema educativo oficial hispano, el montaje cooperativo de Arrasate, la inmediata “resurrección” de periódicos como Berria y Gara tras los “asesinatos” de Egunkaria y Egin, las manifestaciones que convocaron, el movimiento de insumisión frente al Ejército español y otros muchos, son logros que no están al alcance de cualquier sociedad.

Tenemos capacidad para llevar a buen puerto cualquier plante, boicot o resistencia, activa o pasiva. Podemos conseguir ser ingobernables. Necesitamos inteligencia para dosificarlo y plantearlo en etapas alcanzables y con objetivos realistas. En este camino debemos olvidar los beneficios y prebendas derivados de la participación incondicional en el régimen del imperio. Es imprescindible dotarnos de una clase política cualificada y de unos líderes insobornables, con capacidad e ideas claras. Habrá sin duda fallos, fracasos parciales e incluso retrocesos, pero el logro de los objetivos parciales que se planteen provocará ilusión y posibilitará acciones cada vez más potentes y arriesgadas. Hace falta que lo queramos realmente. La libertad no se regala, hay que conquistarla. Pero merece el esfuerzo.

NOTAS

Gabancho, Patricia. "A la intemperie: una memoria cruel de la transició catalana (1976-1978)". Barcelona 2011. Columna Edicions S.A.

Iparla 10. 2011.