Una
agria polémica sacude la agenda pública de la Alta Navarra. La Guardia Civil
filtra un informe que sostiene, sin ninguna prueba, sin que nadie pueda
corroborar sus datos, que ETA se infiltra en el profesorado del Modelo D de
enseñanza en euskera. Para ejemplo, el instituto de Iturrama. La teoría de la
conspiración al servicio del espectáculo mediático y la política de la porra.
Cuando Uxue Barkos pide explicaciones en el Parlamento español, el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, le replica que su gobierno estudia medidas
legislativas para "evitar que la función docente sea usurpada por quienes
quieren ponerla al servicio del fanatismo terrorista -de ETA- y tergiversar con
su relato lo que ha sucedido históricamente".
La
mayor parte de las críticas que esta sucia jugarreta ha suscitado se han
decantado por el primer segmento de esa respuesta, esa frase copulativa que
consta de dos enunciados, unidos por la conjunción ‘y’, que por lo mismo se
sitúan en el mismo plano de importancia: la infiltración de ETA y la
tergiversación del relato histórico.
Desde
luego, el juego de criminalizar con la vitola de ETA tiene una tradición
asentada. El ‘todo es ETA’ ha servido para poner contra las cuerdas penales
desde formaciones políticas, artistas, tabernas, hasta medios de comunicación o
payasos que cantan y bailan. Más aún, con el recuerdo de la limpieza cunetera
que se hizo en el 36 con los maestros de escuela en Navarra, la insinuación del
informe despiertas pesadillas más que siniestras.
Hay
razones para la inquietud desde una posición de prevención y salud democrática:
- No existe
constancia de que esa supuesta investigación se haya abierto a petición de
juez, por alguna causa o denuncia. La Guardia Civil (¿el Ministerio del
Interior?) se presenta como agente político, que actúa por su cuenta.
- La Guardia Civil
investiga a los profesores según su posición ideológica, el modo de
pensar, ya que no consta delito alguno.
- El informe
elaborado no se ha publicado; nadie conoce sus términos; todo son rumores
y presunciones. Nadie se puede defender o denunciar. El bulo como
instrumento de acción legislativa (el ministro lo anuncia).
- Se criminaliza un
modelo de enseñanza, cuando no se investigan otros que también adoctrinan,
como los centros de la iglesia, del Opus Dei, por citar los más evidentes.
- Al tratarse del
Modelo D, el mensaje conlleva una criminalización indirecta, pero
explícita, del mundo del euskera.
Sin
embargo, las críticas y comentarios se han centrado en el ataque al euskera y
la amenaza a los profesores y a la misma enseñanza. Lo que ha pasado
desapercibido ha sido la segunda parte de la respuesta del ministro a Uxue
Barkos. En frase copulativa, dice querer evitar la presencia de terroristas en
las aulas, y que no sean esos supuestos quienes realicen la transmisión del
relato de lo que ha sucedido en la historia.
Desde
un punto de vista formal no se puede equiparar la presencia objetiva de
profesores “terroristas” con el mensaje matizado sobre la historia y la memoria
que puedan transmitir en las aulas.
Supongamos
un criminal convicto y condenado que impartiera clases de literatura inglesa y,
otra persona, en principio inocente, que impartiera la misma asignatura. Tanto
el uno como el otro podrían explicar la poesía y el teatro de Shakespeare bien
o mal, sobre lo que nada influiría su condición, o no, de culpable. El haber
sido un delincuente no incapacita para enseñar una materia.
Otro
asunto sería explicar a Swift o a Joyce por dos profesores distintos, ambos no
delincuentes, pero uno irlandés y el otro inglés. Es conocido que ambos autores
son de origen irlandés y que abordaron su problemática en sus obras. Los
análisis que construirían ambos respetables profesores, sus relatos, serían diferentes
y sería efecto de los “prejuicios” (digámoslo sin carga valorativa) inherentes
a sus diferentes orígenes.
Detrás
de la respuesta del ministro español, explícita en el calor de la controversia,
aflora una voluntad de controlar el relato del país, en palabras de la máxima
autoridad, y utilizar para ello instrumentos de control penal como es la propia
Guardia Civil y las amenazas de juicio y condena por delitos tipificados como
“terrorismo”. En síntesis: la vía represiva.
Lo
que está en el trasfondo de la actuación de los sistemas coercitivos del Estado
español es el debate del relato. Lo dice el ministro. La narración y
explicación de la historia y de la consiguiente memoria que generan se erigen
en primera inquietud de las autoridades de la gobernación. La alusión a que
sean terroristas los culpables supuestos no deja de ser una mera
criminalización, una simple justificación para que la policía entre a saco en
el asunto.
Es
posible que ello haya sido así desde siempre, y que no haya aparecido hasta
ahora por precaución maquiavélica; para que nadie sea consciente de la
importancia del relato. En efecto, ahora que algunos esgrimen el concepto
discutible del suelo ético, el relato de la historia es un suelo argumental e
imaginario, un soporte del sentir de las gentes en torno a su realidad social.
Es fuente de convicciones, de lealtades, de posiciones... Es una argamasa de
legitimidades. Es la visión de país tramada en una narración más o menos
consistente, que define sujetos, protagonistas, hechos, culpabilidades,
interpretaciones.
Mientras
tanto, en este debate nosotros no rascamos bola más allá de la anécdota.
Acusamos la criminalización del modelo D, sí; denunciamos la persecución y
represión del euskera, también; pero se nos escapa que, sobre todo, el ministro
quiere erigirse en el dueño del relato y de nuestra memoria. Y para
monopolizarlo, esgrime la fuerza bruta. Lo dicho, no rascamos bola.
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