El ‘pucherazo’ era la estafa electoral que conoció su máximo esplendor en la época de la Restauración. Se llevaban papeletas en pucheros, y se sumaban o restaban a la urna a gusto del consumidor. El sabotaje a los comicios electorales tiene en España una larga tradición. Ya lo dijo José Antonio Primo de Rivera: “ser rotas es el noble destino de las urnas”.
En estos días se nos propone un nuevo trastorno en la ingeniería electoral, una ingeniosa perversión de la mecánica política a aplicar en la parte sur de Vasconia. Volvemos al ‘álgebra’ del pucherazo. La modificación del censo electoral es un astuto componente que viene a renovar su fórmula tradicional. Algunos ingredientes de esta sospechosa alquimia vienen de antiguo, como la partición territorial del país, o las ilegalizaciones de grupos políticos, que hacen desaparecer una porción sustancial del electorado, más recientes en el tiempo. En esta ocasión la feliz idea consiste en una alteración de grueso calibre, como es la pretensión de incorporar unas 300.000 personas al censo actual con la excusa de que se tuvieron que ausentar por la “violencia de ETA”. Un incremento de un 13%.
En sí, la condición básica que permite estas ocurrencias es la nula tradición democrática del Estado español. Esto se expresa en dos planos que se condimentan y realimentan. La sociedad española presenta una enorme carencia de cultura democrática; basta recordar la tradición del “¡vivan la caenas!”. Excesos de poder que suponen transgresiones impensables en cualquier sociedad democrática, en España no concitan rechazo social ni castigo electoral alguno. Cierres de diarios, ilegalización de fuerzas políticas, torturas... ocurren sin ningún tipo de inquietud popular. Los gobiernos actúan arbitrariamente con la aquiescencia pasiva de sus súbditos. Crean leyes oportunas o vulneran las existentes con descaro e impunidad.
Esta realidad no es coyuntural o asociada a situaciones puntuales, sino estructural desde el final del absolutismo monárquico a principios de siglo XIX. La sucesión de golpes de Estado o el soporte de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad a la organización política de su Estado forman un continuo. Un grupo militar puede entrenarse en los lugares de memoria y dolor de los vascos, como Elgeta, y nadie se ruboriza. Una simple patrulla de la Guardia Civil puede asaltar un diario, amañar informes y provocar su cierre para siempre. Aunque luego se reconozca su falsedad, el mal permanece, el cierre es definitivo, no hay ningún tipo de reparación ni indemnización.
Lo grave, pues, no es el pucherazo, sino el sistema corrupto que lo sustenta. Así, la tradición rufianesca del sistema político español es proverbial. Preguntaron a John F. Kennedy por las condiciones que necesita un país para ser democrático y respondió: “Libertad de prensa, separación de poderes, elecciones libres”. Ninguna de ellas se cumple bajo el Estado español. La separación de poderes, base de garantía de cualquier democracia, brilla por su ausencia. Dicho en jerga coloquial: el ejecutivo dirige, dicta o sustituye, según conveniencia, al legislativo; nombra los órganos y marca las decisiones del judicial. Unos encubren a otros, se pasan el cubilete como los trileros. La banca siempre gana. Ya lo decía Humpty-Dumpty: lo que importa es saber quién manda.
La Constitución del Estado español se sostiene en su unitarismo y en un desprecio total a la diferencia, bien sea lingüística, cultural o de otra naturaleza. Como si correspondiera a una nación, a una población homogénea o a un pacto social. Pero la conquista violenta y la asimilación forzada de naciones como la navarra, la gallega o la catalana no se pueden ignorar. En un Estado plurinacional como el español son impensables planteamientos como los que exige una democracia del siglo XXI (según el canadiense Will Kymlicka o el catalán Ferrán Requejo).
Según Requejo, si bien desde las perspectivas liberal y democrática, los principios generales o abstractos no ofrecen dudas, plantean la dificultad del “marco” sobre el que se pretende que alumbren. Es necesaria una tercera aproximación.
Dice Requejo que la clave “nacional establece cuál es la colectividad básica de referencia en la que se aplican o debieran aplicarse las lógicas liberal y democrática. Paradójicamente, este es un tema mucho menos analizado. Resulta sorprendente que la mayoría de las teorías de la democracia no ofrezcan una teoría del demos legítimo. Prácticamente ninguna responde a la pregunta sobre cuál debe ser dicho demos, ni quien debe establecerlo, o si pueden existir varios “demos” en una democracia. No hay teorías elaboradas sobre las fronteras legítimas. Los enfoques que responden estas preguntas no son los liberales ni los democráticos, sino los nacionalistas: el “demos” lo forma la nación. Y todos los estados son nacionalistas. Pero en contextos plurinacionales se dan nociones y valores contradictorios sobre la nación, que producen nuevas interferencias entre las concepciones que pasan por las rendijas liberal, democrática y nacional. Y parece perfectamente legítimo que los “demos” de naciones actuales que no cuentan con un estado propio, como Escocia, Quebec o Cataluña, reclamen la construcción de una democracia liberal propia. El derecho a la secesión de colectivos nacionales forma parte de un refinamiento moral e institucional de las democracias liberales ‘avanzadas’”.
El actual sistema político español hace desaparecer el “demos” vasco (al igual que el francés). En el sentido utilizado por Requejo, el “demos” navarro es ignorado, la nación vasca queda inerme, sin derechos: los políticos y todos los derivados de la construcción cotidiana de la realidad, como los lingüísticos y culturales. El no reconocimiento del “demos” (vasco o catalán, por ejemplo) implica una radical falta de democracia en dichos sistemas.
El derecho a la existencia del “demos” con todas las implicaciones políticas que exige, como puede ser, la independencia política, el Estado propio, es un elemento estructural imprescindible en una democracia moderna para ser considerada como tal, para pasar la “prueba del algodón”. Su ausencia es lo que permite que el “caldero del druida” en que se cuece el ordenamiento español sea lo que es: una amalgama de elementos absolutistas, autoritarios, militares, judiciales, corruptos..., aspectos antidemocráticos que determinan la ingeniería del pucherazo como único sistema político en vigor.
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