LO PRIVADO Y LO PÚBLICO

En estos momentos de “cambio” en el control de las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, “Euskadi”, según el otro término “oficial”, afloran preocupaciones sobre el futuro de la educación “pública” y, con gran resonancia mediática, de los medios de comunicación, televisión sobre todo, también “públicos”, en el territorio de su administración.

Desde una perspectiva sesgada desde el punto de vista ideológico, normalmente se enfrenta lo “publico”, con una valoración positiva, a lo “privado”, algo que conlleva un pago como contraprestación en el caso de la educación o el uso de publicidad en los medios de comunicación. De este modo se hace coincidir lo “privado” con algo elitista, sólo al alcance de una minoría, en el primer caso, o con algo interferido por sórdidos intereses empresariales, en el segundo.

Por otra parte, existe la visión de lo “propio” frente a lo “ajeno”. En esta alternativa se encuentra una percepción mucho más cercana a la realidad, más próxima a la vida cotidiana. Es “propio” lo que un grupo humano percibe como tal y con lo que se siente identificado inmediatamente. Es “ajeno” aquello que es obligado desde unas instancias de poder extrañas, cuando no impuestas o asimiladoras.

Lo que se considera como “público” exige estabilidad y unos planteamientos anclados en valores firmes y profundos. Precisamente, tanto el sistema educativo como los medios de comunicación son elementos fundamentales de estabilidad para cualquier organización social y para su constitución en sistema político y la exigen para realizar su misión. Lo son porque “generan” sociedad, son los cimientos de la identidad personal. Esta identidad implica siempre, por definición, un ámbito de pertenencia, unos referentes lingüísticos y culturales en general. Es la que permite la socialización de las personas y la constitución de un grupo humano cohesionado, en el que se procura minimizar los conflictos.

Las naciones que históricamente se han constituido en Estado han obtenido con el mismo, en primer lugar, el principal factor de creación de identidad, de conciencia de pertenencia a una colectividad y, en segundo, de ciudadanía para el uso de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. En estas sociedades lo “público” se identifica, de forma genérica y sin apenas conflicto, con lo “propio”. Las actividades organizadas por el mismo Estado, o por cualquiera de sus instituciones de rango inferior, se consideran como “propias”.

El problema surge cuando una sociedad como la nuestra, que fue capaz de organizar históricamente su Estado independiente, Navarra, y que le fue arrebatado por conquista y ocupación, se inserta en la organización política de un Estado (estados en nuestro caso) ajeno(s) y con apetencias de dominio. Si esa inserción se hubiese producido a través de una estructura confederal, a la que se hubiera llegado con un reconocimiento previo de las entidades incorporadas, el problema sería distinto. Pero nuestro caso no fue así. Tras conquistas, ocupaciones y derrotas de todo tipo llegamos, con ocasión de la muerte del General Franco, en 1975, a la posibilidad de forzar un cambio político real en la organización del Estado español, en la que se hubiera podido reconocer, de forma incondicional y previa a su constitución, nuestra existencia como sociedad diferenciada. Algunos hablaron entonces de la “autonomía inmediata” como premisa democrática. El régimen surgido de la “transición” se estructuró sobre la “unidad indisoluble” de España y de la correspondiente soberanía, indivisible, del “pueblo español”.

En esta forma de organización política, aun estructurada como “Estado de la autonomías”, el depositario último de la soberanía, según lo dice claramente la Constitución española de 1978 en su artículo 2, es el “pueblo español”, sin fisuras. Cualquier institución política de rango inferior es subordinada, en todas las acepciones del término. Cuando se habla, con demasiada facilidad posiblemente, de que el gobierno de Vitoria, el de Iruñea o la actual Generalitat catalana son “instituciones del Estado”, se está constatando una realidad. Lo malo es que esa realidad implica, aunque intente disimularlo, que dichas instituciones están subordinadas en la práctica política a la ya citada soberanía del “pueblo español” en su conjunto, sin fisuras. Y en ese juego tanto vascos como catalanes, como tales, no existimos.

Si, además, el Estado español, sin olvidar al francés por el norte, histórica y reiteradamente, ha manifestado y sigue manifestando su objetivo homogeneizador, con el consiguiente sometimiento, lingüístico y cultural sí, pero también social y económico, de Navarra y Cataluña, podemos comprobar fácilmente que andamos sobre arenas movedizas. Más todavía al observar de forma cotidiana sus arbitrarias ilegalizaciones de grupos políticos, cierres de medios de comunicación, detenciones caprichosas y otras muchas iniciativas que son, en su conjunto, expresiones de su realidad totalitaria.

Si, dando otra vuelta de tuerca, se asocia lo “público” a cuestiones dispuestas directamente por el Estado o por sus instituciones subordinadas (como lo es el gobierno de Vitoria en los casos antes citados) encontramos que todo lo que se organice en su ámbito, en la CAV y en la CFN, como “público” está, en realidad, en sus manos, las del Estado español, en este caso. Es decir que, en su actual régimen, todo lo que se conoce como educación o medios de comunicación “públicos”, aun apareciendo nominalmente como “vascos” o “navarros”, son suyos y están siempre, por definición, en la cuerda floja. Están a expensas de la siguiente “trampa” que nos tiendan y en la que, por desgracia, solemos caer.

Claramente se percibe que en nuestro caso lo “público” no encaja con lo “propio”, más bien coincide con lo “ajeno”, con lo impuesto; mientras que lo “propio” tiende a ajustarse mejor con lo “privado”, que denota realmente lo que la capacidad social es capaz de generar en función de sus intereses y objetivos, casi siempre contrarios a lo “ajeno” o impuesto, aunque se disfrace con el atractivo nombre de “público”. Será “público” posiblemente, pero de otro público, no del nuestro.

Queda claro asimismo cómo estamos subordinados a su mayoría soberana, también cómo su función histórica ha sido la persecución e intento de aniquilamiento de nuestra identidad propia (lengua, memoria histórica, cultura etc.) para diluirnos y recuperarnos para la suya. Una de las últimas “trampas” fue la que llamaron “Ley de partidos”. Algo así como el manual de “Cómo obtener una mayoría de una minoría manifiesta con una urna mágica”. Aunque haya que reconocer que con la “trampa” antes citada, la de la soberanía del “pueblo español”, no sólo nos marcaron un gol sino que nos hicieron permanecer por una larga etapa en “regional”, donde nos habían hecho descender desde mucho tiempo atrás.

En alguna ocasión se dijo, con razón, que en nuestro país eran más “públicas” las ikastolas o los medios de comunicación con vocación de servicio a nuestra sociedad cívica, a nuestro pueblo, que todas las dependientes, en el fondo, del sistema estatal. Ambos eran “propios”. Las ikastolas surgieron de lo más profundo de nuestro pueblo, lo mismo que las cooperativas. Otro caso clamoroso aconteció tras el arbitrario e injusto cierre de Egunkaria; Berria estaba en la calle a los pocos meses.

No basta con rasgarnos las vestiduras por los cambios que se avecinan en “nuestro” sistema educativo y en “nuestros” medios de comunicación. Nunca han sido realmente nuestros; no han sido, ni son, “propios”. Constituían una cesión temporal mientras considerasen que su administración era la adecuada para sus intereses o no tuvieran el descaro que manifiestan ahora para gestionarlos directamente. No podemos resignarnos a soportar pasivos esta triste situación. A pesar de que el profundo enfado y sensación de injusticia, de cabreo en suma, que experimentamos nos pueda conducir a reacciones irreflexivas, hemos de plantear con seriedad nuestra ubicación y perspectivas en el mundo. Debemos aclarar nuestras necesidades y objetivos y definir los fines y medios para alcanzarlos.

Al margen de otras características como la lengua propia, el euskera, constituimos una sociedad con una cultura política importante y cualificada, que se forjó a lo largo de siglos y cuya base está, precisamente, en la forma que le dio su Estado, el reino de Navarra. La voluntad social necesaria para lograr el cambio político que nos permita, de verdad, acceder a una situación estable (dentro de la estabilidad que se puede encontrar en el convulso mundo en que vivimos), en cualquier ámbito social o económico por supuesto, pero sobre todo en los que dan pie a estas reflexiones, los relacionados con la identidad y estabilidad sociales, pienso que debe apoyarse en esa cultura política. El sistema educativo y los medios de comunicación son ámbitos básicos para garantizar una sociedad cohesionada y sólida y un desarrollo viable, solidario con el resto de pueblos del mundo y respetuoso con el planeta.

No encuentro otra forma de concretarlo, no veo otra solución democrática, que la consecución de un Estado propio, centrado en la recuperación del nuestro, el Estado navarro. De este modo seremos realmente un sujeto político en el mundo, con nombre y apellidos propios. En cualquier otro caso continuaremos navegando en el airado mar de la subordinación y de la interinidad. En la práctica seguiremos siendo inexistentes.