PUEBLO Y CIUDADANÍA

Pueblos “y” ciudadanos. También podemos decir pueblo “o” ciudadanía; todo depende del contexto político sobre el que hablemos. Pachi López ha prometido su cargo, de representante del Estado en el territorio sobre el que tiene jurisdicción, la llamada en la actual organización política del mismo Comunidad Autónoma del país vasco o Euskadi, sobre su estatuto, es decir sobre un texto que, además de justificar su subordinación, es, en la práctica, papel mojado. Y lo ha hecho ante los representantes de la “ciudadanía vasca”.

La cruda realidad es que hoy y aquí no existe tal “ciudadanía vasca”. La ciudadanía es un concepto de la modernidad asociado al conjunto de derechos, libertades y garantías de las personas y, por supuesto también, de sus obligaciones, deberes y compromisos. Pero ¿ante quién? Y ahí surge el problema de fondo. Es un asunto que escuece. Y mucho. Es el Estado el que conforma el concepto de ciudadano. Es él quien garantiza sus derechos y libertades y es él quien tiene capacidad legal y, en teoría, legítima de exigirles sus deberes y obligaciones.

Aquí y ahora no existe una “ciudadanía vasca”. ¿Por qué? Porque no existe un Estado vasco. Los únicos estados que tienen jurisdicción sobre los territorios actualmente habitados por los vascos son el español y el francés. Esto implica que los vascos nunca somos “ciudadanos vascos” sino siempre “ciudadanos españoles” o “franceses”. Es decir, que en la organización unitaria de ambos estados, los vascos no existimos como sujeto político, por mucho que su propaganda, sobre todo la española, pretenda convencernos de algo que no es sino una simple mentira: que sus entes autonómicos constituyen entidades con poder real. En todo caso son subordinadas a sus poderes reales, legislativo y ejecutivo, con los que topan siempre, y en última instancia con el judicial representado por sus inefables Audiencia Nacional o Tribunal Constitucional. Nos pretenden vender una mercancía averiada.

Las actuales instituciones “vascas”, o “navarras”, no cumplen ninguno de los requisitos citados. Ofrecen servicios (aunque no todos), sí, pero no garantizan derechos ni libertades; es el Estado quien los establece, quien los define y otorga el marco en que se constituyen, en las jurisdicciones española y francesa. Todo esto se percibe aún con más claridad al hablar de obligaciones y compromisos. ¿Qué sociedad normal plantea que sus ciudadanos tengan el deber de conocer y hablar el idioma oficial de quien los conquistó y ocupa? ¿Qué país democrático juzga a sus propios ciudadanos por delitos de opinión, los tortura o les cierra medios de comunicación? Los dos portazos que recibió Ibarretxe por parte de las instituciones del Estado español: el Congreso de Diputados ante su famoso Plan y, directamente, el Ejecutivo ante su Consulta, muestran con nitidez la amarga realidad y dónde radica el soporte y ejercicio de la ciudadanía y la democracia. Al no existir tal “ciudadanía vasca”, no hay derechos ni obligaciones propias, sino los derivados de la pertenencia, forzosa por cierto, a los Estados a que estamos subordinados.

En este sentido resulta esclarecedor el artículo publicado en Diario Vasco de 9 de mayo por Luis Haranburu Altuna bajo el título Ciudadanos bajo el árbol. Al margen de su apología de la laicidad (supuesta, como veremos más adelante) de la promesa de Pachi López, Haranburu expresa con claridad meridiana lo que acabo de exponer cuando afirma: “la soberanía reside en el pueblo español y parece claro que dicho colectivo no es sino la suma de todos los ciudadanos españoles”. Y un poco más adelante: “una cosa es la ciudadanía política y otra la pertenencia cultural”. Además, añade: “Las provincias hermanas del País Vasco francés e incluso Navarra (¡gracias, Luis, por acordarte de nosotros!) forman parte de la Euskal Herria cultural, que en su día se expresaba en euskera (¿ya no? ¿y por qué, Luis?), pero dicha entidad no existe ni ha existido, jamás, en su calidad de comunidad política”.

La contraposición que hace Haranburu entre “pueblo” o “ciudadanía” responde a una realidad fuerte, reconoce que los vascos constituimos un “pueblo”, pero que tal entidad no tiene un valor constituyente. Por cierto, ¿por qué para los españoles o franceses sus pueblos respectivos lo son, y para nosotros no? ¿Hay pueblos de primera división y pueblos de segunda? ¿No le llamaban a eso racismo?

Además Haranburu Altuna incurre en un grueso error histórico (¿intencionado?) al afirmar que Euskal Herria no ha existido “jamás” en su calidad de comunidad política. ¿Y los largos siglos, desde el IX, de existencia y ejercicio de poder del reino de Navarra, qué fueron? Tal vez un “error histórico” que españoles y franceses bien cuidaron de corregir con procedimientos de ´”diálogo” y “persuasión”, tanto en 1200 como en 1512 o en 1620.

Creo que en nuestro caso, más se debe hablar de pueblo ”y” ciudadanía. De un pueblo, el vasco, que aspira a alcanzar para su población el estatus de ciudadanía que le otorgará, una vez recuperado, el Estado de Navarra. Como ya se ha dicho, para españoles y franceses son sus respectivos pueblos los elementos constituyentes de su soberanía y organización política en estados reconocidos. Reitero, ¿en virtud de qué principio unos sí y otros no? Máxime cuando sus modos de asimilación social y de delimitación de fronteras han sido de todo tipo menos democráticos. Ya dice Will Kymlicka (*) que en los actuales estados se puede discutir democráticamente cualquier asunto salvo, precisamente, la delimitación de su marco, de sus fronteras.

La cuestión, citada muy recientemente de modo simple y directo por Xabier Arzalluz, cuando afirmó que Pachi López suprimió el término ‘pueblo’ y lo sustituyó por el de ‘ciudadanía’ de su fórmula para asumir el cargo en Gernika, con el objetivo de evitar ‘el problema de la autodeterminación’, consiste en que el pueblo, cualquier pueblo con capacidad de ejercer como tal, tiene poder constituyente. Una “ciudadanía” diluida en el conjunto de otro pueblo, el español o el francés en nuestro caso, no. Y no le falta razón.

No es de recibo, tampoco, la genuflexión con besamanos en la que Pachi López ha inclinado, con servidumbre digna de épocas históricas premodernas, la cerviz ante la corona, ante la monarquía que rige los destinos del Estado español por designio de Franco. Todo muy progresista, anticonvencional y laico. Pero monárquico.

Por cierto, antes he hablado de la “supuesta laicidad” de López y Haranburu y la contrapongo a la afirmación que el segundo hace en el texto del Diario Vasco ya citado, cuando afirma: “Se ha dicho, con razón, que el nacionalismo es una suerte de religión política”. Estoy de acuerdo con tal planteamiento: la religión de Pachi López y de Haranburu Altuna es su nacionalismo español. Por eso ni el juramento de López en Gernika ni las posiciones de quienes lo defienden fueron, ni son, laicas. Profesan esa religión profundamente enraizada en la cultura política de las naciones que han hecho de la conquista y el expolio su forma de vida: el nacionalismo puro y duro. España y Francia, por ejemplo.

(*) Kymlicka, Will. Fronteras territoriales, Madrid, 2006. Editorial Trotta.

Texto firmado por Luis Mª Martinez Garate y Angel Rekalde