El llamado “proceso” catalán
hacia la independencia se encuentra en una fase crucial. La disolución del
parlamento autonómico catalán y la convocatoria de elecciones para el próximo
27 de septiembre, aboca a una situación compleja pero de una importancia enorme
tanto para el propio Principado de Cataluña como para el resto de naciones del
Estado español, incluida la nuestra, y también para el conjunto de Países Catalanes.
En
el seno de la sociedad catalana existía un movimiento que se definía con
claridad por la independencia, por la constitución de un Estado independiente
del español. Desde el punto de vista intelectual un dato de gran importancia
fue la publicación en 1999 del libro “Jo no soc espanyol” de Víctor Alexandre, en
el que un conjunto importante de personas de reconocido prestigio expresaban
sin complejos no sólo su “ser catalán”, sino su “no ser españoles”. Todos se
declaraban partidarios de la independencia. Fue un punto de inflexión a partir
del cual defender un Estado catalán independiente dejaba de ser algo insólito o
tabú para acceder a la normalidad cotidiana.
En
2006, por iniciativa del entonces presidente la Generalitat, Pasqual Maragall,
y del líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, se planteó la necesidad de lograr
para Cataluña un estatuto de autonomía más ambicioso en términos simbólicos
–reconocimiento de Cataluña como nación-, que otorgara al Principado más
competencias y que tenía puesta la mira en una reforma federal del Estado
español. Estas aspiraciones rápidamente se vieron truncadas a pesar de su respaldo
entre la población catalana en referéndum y su aprobación inicial por el
Congreso español, con escaso margen e importantes conflictos, tanto entre los
partidos catalanes que lo habían aprobado como, sobre todo, con las fuerzas
españolas. El recurso ante el Tribunal Constitucional español en el mismo 2006,
con la sentencia de 2010, en la que, en frase del inefable Alfonso Guerra, se
lo “cepillaron”, supuso una enorme bofetada a la sociedad catalana.
Al
menosprecio de esta sentencia se unieron varios hechos, entre los que destacan
dos por su trascendencia. El primero, la agresividad del Estado español hacia
la inmersión lingüística en catalán, agravio simbólico. El segundo, material y
económico, el completo abandono de infraestructuras de comunicación básicas
como el corredor mediterráneo y la estructura ferroviaria de cercanías en
Barcelona por parte del Estado español.
Este
cúmulo de circunstancias propició una reacción popular progresiva, cada vez de mayor
calibre. Ya en 2007 hubo una manifestación sobre el déficit de infraestructuras
en la que se reclamaba el “derecho a decidir”. En 2009 comenzaron a celebrarse consultas,
la primera en Arenys de Munt, fuera de la legalidad española, sobre el apoyo a
la independencia, en gran cantidad de poblaciones del Principado, incluyendo su
capital Barcelona. En julio de 2010, contra la sentencia del Constitucional
español con el lema “Somos una nación, nosotros decidimos”. “Cataluña, nuevo
Estado en Europa”, en la Diada de 2012, supuso un salto cualitativo de gran
importancia. Esta progresión aumentó en cuanto a participación y, sobre todo,
la cualificación sobre la exigencia de la independencia la “Vía catalana” de
2013 y la gran “V” humana de 2014 fueron su consolidación numérica y popular.
La exigencia de independencia por parte de Cataluña se ha convertido en un dato
adquirido y sin vuelta atrás. Ante la cerrazón del Estado español se convocó
otra consulta el 9 de noviembre de 2014, por supuesto también ilegal, a nivel
general del Principado, sobre el apoyo a la independencia. Votaron unas
2.300.000 personas de las que más de 1.800.000 apoyaron la independencia. Artur
Mas y una parte de su gobierno autonómico están procesados por los tribunales
españoles a raíz de esta convocatoria.
Con
todos estos datos en la mano Cataluña se enfrenta a cómo dar el paso desde la
actual legalidad autonómica española a lo que consideran la legitimidad
democrática de Cataluña mediante su constitución en Estado independiente. El
actual estatus político autonomista no quiere dar saltos en el vacío ni pasos
en falso para garantizar la estabilidad de una sociedad occidental con un
relativo buen nivel de vida medio en un tránsito que consideran necesario para
mantenerla, ya que caso de no darlo mantendría el expolio de Cataluña por parte
del Estado español, la apabullante carencia en infraestructuras y la manifiesta
actitud de supremacía lingüística y cultural de España.
Fecha crucial
Para
lograr el paso de una “legalidad” que les asfixia, a una “legitimidad” que se presenta
como emancipadora, las fuerzas de la sociedad civil catalana, secundadas por
los partidos políticos del stablishment, han acordado una convocatoria “legal”
de elecciones autonómicas por parte del presidente de la Generalitat
autonómica, Artur Mas, para el próximo 27 de septiembre. En estas elecciones
pretenden reflejar la voluntad de la sociedad catalana a favor de su
independencia política. Tras complicadas negociaciones han logrado formar una
candidatura unitaria, “Junts pel Sí”, cuyo único objetivo es proclamar la
independencia del Principado. Esta candidatura engloba a los principales
movimientos de la sociedad civil, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC),
Omnium Cultural, personalidades destacadas del mundo intelectual, académico y
deportivo, y a los dos partidos políticos con mayor peso: Convergencia
Democrática de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Con
el mismo fin se suman las gentes de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), con
un marcado carácter alternativo y anticapitalista.
En
el campo contrario intervienen los partidos y agrupaciones del espectro
nacionalista español descarado. Actúan abiertamente apoyados por las cloacas
del Estado, fondos de reptiles, y la prensa amarilla, comenzando por El País y
La Vanguardia como adalides mediáticos que en este campo no van a la zaga del
zafio nacionalismo de ABC, La Razón o el grupo El Correo. En otro terreno
pretenden jugar los adalides de una pretendida alternativa social, encabezada
por Podemos y los antiguos dirigentes de Iniciativa per Catalunya (ICV-els
Verts) que, en curiosa mezcolanza, han logrado la alcaldía de Barcelona en la
persona de Ada Colau, Con un discurso seudoizquierdista y supuestamente alternativo
se enfrentan, a veces con claridad y en otras con disimulo, al proceso liberador
que supone la independencia real. Su presunto discurso “social” no plantea la
ruptura con quien origina los principales problemas (“sociales” y en general) de
Cataluña: el Estado español, con su estructura unitaria, autoritaria y
corrupta, heredero directo del fascismo que rigió el Estado a partir de la
victoria bélica de 1939.
Cataluña
se juega el futuro en este momento. Las elecciones son un punto de convergencia
de quienes quieren la emancipación del Principado. Pero, sobre todo, caso de
ganarlas los independentistas, significan un punto de partida y no retorno a un
conflicto mucho más serio y que se dirimirá en la propia relación de fuerzas
interna, pero también en el contexto internacional. España sin Cataluña entrará
en una crisis de la que no saldrá indemne. Y eso en el caso de que salga y no
estalle en pedazos.
Entretanto
nuestra nación, Euskal Herria, con nuestro Estado –Navarra-, duerme en el limbo
de los justos. Parece que hechos de tanta trascendencia política, social y
económica ocurren en otra galaxia, como si no nos afectaran. Se percibe una
cierta expectación y simpatía a nivel popular, pero una absoluta ausencia en
los programas y posiciones de los partidos políticos y otras organizaciones
sociales, como los sindicatos que, teóricamente al menos, tienen gran peso
entre nosotros.
Cualquiera
diría que la posibilidad de que la crisis del Estado español genere una
implosión, y un escenario propicio para nuestra propia independencia, no
interesa demasiado a nuestros políticos. Pero si la tierra tiembla y se abre
ante nuestros pies, ¿se puede pasar de puntillas?
Luis María Martínez Garate / Angel Rekalde
(*) La revolución de las sonrisas
