19 diciembre 2013

LAS PALABRAS DEL MINISTRO

Una agria polémica sacude la agenda pública de la Alta Navarra. La Guardia Civil filtra un informe que sostiene, sin ninguna prueba, sin que nadie pueda corroborar sus datos, que ETA se infiltra en el profesorado del Modelo D de enseñanza en euskera. Para ejemplo, el instituto de Iturrama. La teoría de la conspiración al servicio del espectáculo mediático y la política de la porra. Cuando Uxue Barkos pide explicaciones en el Parlamento español, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le replica que su gobierno estudia medidas legislativas para "evitar que la función docente sea usurpada por quienes quieren ponerla al servicio del fanatismo terrorista -de ETA- y tergiversar con su relato lo que ha sucedido históricamente".

La mayor parte de las críticas que esta sucia jugarreta ha suscitado se han decantado por el primer segmento de esa respuesta, esa frase copulativa que consta de dos enunciados, unidos por la conjunción ‘y’, que por lo mismo se sitúan en el mismo plano de importancia: la infiltración de ETA y la tergiversación del relato histórico.

Desde luego, el juego de criminalizar con la vitola de ETA tiene una tradición asentada. El ‘todo es ETA’ ha servido para poner contra las cuerdas penales desde formaciones políticas, artistas, tabernas, hasta medios de comunicación o payasos que cantan y bailan. Más aún, con el recuerdo de la limpieza cunetera que se hizo en el 36 con los maestros de escuela en Navarra, la insinuación del informe despiertas pesadillas más que siniestras.

Hay razones para la inquietud desde una posición de prevención y salud democrática:

  • No existe constancia de que esa supuesta investigación se haya abierto a petición de juez, por alguna causa o denuncia. La Guardia Civil (¿el Ministerio del Interior?) se presenta como agente político, que actúa por su cuenta.
  • La Guardia Civil investiga a los profesores según su posición ideológica, el modo de pensar, ya que no consta delito alguno.
  • El informe elaborado no se ha publicado; nadie conoce sus términos; todo son rumores y presunciones. Nadie se puede defender o denunciar. El bulo como instrumento de acción legislativa (el ministro lo anuncia).
  • Se criminaliza un modelo de enseñanza, cuando no se investigan otros que también adoctrinan, como los centros de la iglesia, del Opus Dei, por citar los más evidentes.
  • Al tratarse del Modelo D, el mensaje conlleva una criminalización indirecta, pero explícita, del mundo del euskera.

Sin embargo, las críticas y comentarios se han centrado en el ataque al euskera y la amenaza a los profesores y a la misma enseñanza. Lo que ha pasado desapercibido ha sido la segunda parte de la respuesta del ministro a Uxue Barkos. En frase copulativa, dice querer evitar la presencia de terroristas en las aulas, y que no sean esos supuestos quienes realicen la transmisión del relato de lo que ha sucedido en la historia.

Desde un punto de vista formal no se puede equiparar la presencia objetiva de profesores “terroristas” con el mensaje matizado sobre la historia y la memoria que puedan transmitir en las aulas.

Supongamos un criminal convicto y condenado que impartiera clases de literatura inglesa y, otra persona, en principio inocente, que impartiera la misma asignatura. Tanto el uno como el otro podrían explicar la poesía y el teatro de Shakespeare bien o mal, sobre lo que nada influiría su condición, o no, de culpable. El haber sido un delincuente no incapacita para enseñar una materia.

Otro asunto sería explicar a Swift o a Joyce por dos profesores distintos, ambos no delincuentes, pero uno irlandés y el otro inglés. Es conocido que ambos autores son de origen irlandés y que abordaron su problemática en sus obras. Los análisis que construirían ambos respetables profesores, sus relatos, serían diferentes y sería efecto de los “prejuicios” (digámoslo sin carga valorativa) inherentes a sus diferentes orígenes.

Detrás de la respuesta del ministro español, explícita en el calor de la controversia, aflora una voluntad de controlar el relato del país, en palabras de la máxima autoridad, y utilizar para ello instrumentos de control penal como es la propia Guardia Civil y las amenazas de juicio y condena por delitos tipificados como “terrorismo”. En síntesis: la vía represiva.

Lo que está en el trasfondo de la actuación de los sistemas coercitivos del Estado español es el debate del relato. Lo dice el ministro. La narración y explicación de la historia y de la consiguiente memoria que generan se erigen en primera inquietud de las autoridades de la gobernación. La alusión a que sean terroristas los culpables supuestos no deja de ser una mera criminalización, una simple justificación para que la policía entre a saco en el asunto.

Es posible que ello haya sido así desde siempre, y que no haya aparecido hasta ahora por precaución maquiavélica; para que nadie sea consciente de la importancia del relato. En efecto, ahora que algunos esgrimen el concepto discutible del suelo ético, el relato de la historia es un suelo argumental e imaginario, un soporte del sentir de las gentes en torno a su realidad social. Es fuente de convicciones, de lealtades, de posiciones... Es una argamasa de legitimidades. Es la visión de país tramada en una narración más o menos consistente, que define sujetos, protagonistas, hechos, culpabilidades, interpretaciones.

Mientras tanto, en este debate nosotros no rascamos bola más allá de la anécdota. Acusamos la criminalización del modelo D, sí; denunciamos la persecución y represión del euskera, también; pero se nos escapa que, sobre todo, el ministro quiere erigirse en el dueño del relato y de nuestra memoria. Y para monopolizarlo, esgrime la fuerza bruta. Lo dicho, no rascamos bola.