22 septiembre 2008

RECURSO A EUROPA

Tras el esperado rechazo por las instituciones políticas y jurídicas españolas de la propuesta de consulta de Ibarretxe se comentó, desde instancias próximas al mismo, la posibilidad de acudir en masa a las instituciones europeas como protesta y reivindicación del derecho de los vascos a decidir su presente y futuro.

No era una mala idea. Podía servir, ante Europa, como una especie de plebiscito. Conseguir 100.000 ciudadanos que, desde toda la geografía de Vasconia y desde la diáspora, reclamaran la falta de democracia del Estado español, que impide la realización de una simple consulta, sería un importante avance democrático. Este mecanismo directo, de recurso de la sociedad civil del país a las instancias europeas, habría constituido un aldabonazo importante en el mundo sobre la voluntad de nuestro pueblo. Si se hubiera adoptado en serio esa vía se habría hecho patente la existencia de una realidad para la que no existen cauces políticos dentro del actual sistema español. Sus miserias se habrían puesto en evidencia, ante Europa y ante el mundo.

Pero no va a ser así. Una vez más los intereses corporativistas y a corto plazo de “nuestros” partidos políticos se han impuesto a una posible expresión de nuestra sociedad. El “recurso a Europa” se ha visto reducido al “apoyo” a un manifiesto, a su vez de “apoyo” a la forma de plantear el problema vasco de cuatro partidos políticos. Además, sin concretar la manera en que hipotéticamente formalizarían su reclamación en Europa.

¿A qué viene esa intermediación? La consulta de Ibarretxe sería todo lo tímida que se quisiera y dirigida tan sólo a una parte de los vascos, pero por lo menos era una consulta directa, sin pasar por el intermedio de ese filtro, nefasto, que son los partidos políticos en el actual régimen político del Estado español. Eso tenía una virtualidad muy interesante: reflejar, parcialmente si se quiere, la opinión de un segmento de nuestra sociedad en aspectos muy importantes.

En todo caso, y como aspecto dudoso, la segunda pregunta también hacía referencia a los partidos políticos como únicos sujetos de negociación. Pienso que todas las remisiones a los “partidos” son elementos que reducen la capacidad democrática de nuestro pueblo. Pero mejor la olvidamos, por ahora, pues entra en el fondo del comentario crítico que ofrecen estas líneas.

Hay dos aspectos a considerar:

El primero se refiere a que la emancipación de un pueblo dominado no se puede conseguir sin la participación de todos sus sectores sociales, de la sociedad cívica, movilizados en la máxima expresión de que es capaz en cada momento histórico.

El segundo es la cuestión de la partitocracia y su funcionamiento dentro de la llamada “democracia” española. En varias ocasiones he tenido la oportunidad de negar este calificativo al régimen político imperante en el Estado español y creo haber expresado razones suficientes. Dentro de ella, como un elemento constitutivo muy importante, está el sistema de partidos impuesto. En el actual régimen político del Estado español los partidos son el eje de transmisión del control del Estado sobre las ciudadanías (de las naciones no reconocidas, o del propio pueblo español) que están, además, generosamente subvencionados por dicho Estado, es decir por todos los contribuyentes al mismo. Tenemos, como guinda, el arbitrario sistema dominado por su vigente “Ley de Partidos” y utilizado a su guisa por un poder judicial sometido (es un eufemismo) al único poder político real.

Volviendo al primer punto, ahora Euskal Herria se encuentra ante una situación en la que no hay camino para la expresión de la sociedad civil. Se prolonga la larga sombra del “atado y bien atado” legada por el difunto Caudillo. No hay resquicio para salir de ella dentro de su sistema. Cuando se adivina o se vislumbra un tenue rayo de luz, quienes controlan el sistema perciben el peligro y se cierra bruscamente la puerta. Lo fue en Lizarra-Garazi, lo ha sido en la frustrada “consulta” de Ibarretxe. Lo era también en ese posible recurso ciudadano a Europa. El actual sistema de partidos ha impuesto su férula. La unidad de la nación española, fuente de su única soberanía, se expresa así de otro modo, contundentemente.

Pienso que todos los mecanismos que nuestra sociedad ha sido capaz de poner parcialmente en marcha, para ser efectivos, deben encuadrarse en una estrategia general cuyo objetivo, vista la situación política global de los estados español y francés y de Europa en general, no puede ser otro que el logro del Estado propio. Ahí nos encontramos de nuevo con el horizonte próximo de la República de Navarra.

2 comentarios:

snake dijo...

En ausencia de la violencia de ETA y su entorno no debería haber ningún impedimento para realizar la consulta.

Creo en el derecho de autodeterminación de los pueblos. PERO, eso incluye al pueblo español. Me parecería perfecto que se realizase un referendum en el País Vasco para decidir sobre la independencia. Con la unica condición de que en caso de ser afirmativo el resultado, se realizase un segundo referendum en toda España (todo el pueblo español, del cual son parte los vascos, aunque haya a quien no le guste, también tiene derecho a expresarse sobre su territorio e instituciones), y solo en caso de que el segundo referendum fuese también afirmativo, conceder la independencia.

No cuento con amplios conocimientos legales, pero creo que en el caso español probablemente éste sería el procedimiento a seguir, ya que la constitución española establece que "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", por lo que imagino que para contradecir éste principio sería necesario un referendum a nivel nacional.

garate dijo...

El problema radica en que somos muchos los que consideramos que nos somos españoles, que no somos "nacionalmente" españoles y la indisoluble españolidad a la que nos obliga la constitución española de 1978 la percibimos como una imposición inaceptable y antidemocrática.
Catalanes y navarros constituimos naciones distintas de la "española".
Los españoles no tienen ningún derecho a decidir por nosotros.